Desde el pasado lunes 4 de enero, fecha en la cual se anunció la adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias a la entidad Associated Universities, Inc., la minería está atravesada por una fuerte discusión sobre las implicancias de la decisión. La elección de CORFO logra sorprender y causar este grado de apasionamiento en la discusión, lo que en si mismo es indeseable puesto que debiera mas bien generar aglomeración, asociatividad y capital social en el ecosistema de innovación minero-energético, que era a su vez uno de los objetivos de la licitación.  Por lo mismo tengo la convicción que, mas allá de los fundamentos de la adjudicación, es muy necesario indagar en las causas de esta altísima emocionalidad, con la intención que, sea cual sea el resultado de la disputa, la solución que se adopte tenga en cuenta lo que esta iniciativa significa para los actores nacionales y regionales, y de esa forma pueda revertir, aunque sea parcialmente, el sentimiento de frustración imperante.

La minería, como ningún sector industrial chileno, descubrió tempranamente que la innovación y el avance tecnológico constituyen, por un lado, una fuente muy importante de productividad y control de costos. La faena minera moderna tiene que enfrentar una serie de variables que, integradas y asociadas a la inteligencia artificial, por ejemplo, pueden dar un empuje notable a su competitividad. Pero también en el terreno de la sustentabilidad la tecnología aplicada, especialmente la digital y la asociada a la energía, puede controlar riesgos a la salud, seguridad y medio ambiente, optimizando el consumo y reciclaje de agua, reduciendo las emisiones y residuos, mitigando impactos sobre comunidades y protegiendo la licencia social para operar de las mineras, aspecto este último que figura repetidamente como el principal riesgo que enfrenta la industria (EY, 10 principales riesgos de la minería 2019).

Pero la minería también viene hablando, y mas que hablando, trabajando, en torno a los efectos virtuosos de la innovación, la investigación y el desarrollo. La actividad innovadora y emprendedora en torno a la industria hace ya al menos dos décadas que se ha convertido en una de sus principales ofertas de valor, y que ha sido trabajada en forma rigurosa y comprometida por todo el ecosistema minero, hasta convertirlo probablemente en líder nacional en esta dimensión. La Fundación Chile, Minnovex, Aprimin, Corporación Alta Ley, Clúster Minero de Antofagasta, las plataformas Expande, Eleva, los proyectos de proveedores de clase mundial, de monitoreo de tranques, de captura de emisiones, el establecimiento de centros de excelencia mundiales, la creación de centros mineros en las principales universidades del país, la desalación de agua de mar, la utilización de agua salada en las faenas, la proliferación de emprendimientos mineros y la utilización de energía solar y de fuentes eléctricas renovables, son sólo algunos ejemplos sueltos de esta historia, que atestiguan la creciente densidad y potencia del ecosistema de innovación minero chileno.

Las compañías mineras en Chile han asumido esta dimensión de la revolución digital y sustentable de forma global, y seguirán haciéndolo en la medida que convenga a sus propósitos. Y aquí está el punto de fondo: lo harán en cualquier parte del mundo, como corresponde a empresas con recursos y presencia global, a menos que los países donde se ubican sus operaciones demuestren interés en que esos desarrollos se realicen localmente, y que perciban con claridad el interés y apoyo correspondiente del gobierno, de sus stakeholders y de sus ecosistemas locales. De esta manera reciben “el empujón” necesario (“The Nudge”, Thaler y Sunstein, 2008) para instalar capacidades tecnológicas, humanas y sociales que, a la vez que resuelven sus desafíos productivos y de sustentabilidad, van quedando en el saber y el saber hacer de nuestro país y sus regiones.

La minería se ha planteado en numerosas oportunidades crecer sustentablemente en Chile, y ha reiterado su compromiso estratégico de hacerlo junto a sus ecosistemas, principalmente junto a las universidades y a sus proveedores locales, especialmente aquellos innovadores y de base tecnológica. Poner la base productiva minera nacional, una de las mayores del mundo, al servicio de impulsar 250 proveedores de clase mundial y de alcanzar US$4.000 millones anuales de exportación en bienes y servicios desde Chile a la minería mundial, es una meta que a estas alturas de la conversación todo minero tiene en su cabeza. Es más, la Política Nacional de Minería 2050, actualmente en sus fases finales de elaboración, reitera ese mismo objetivo.

Sin embargo, la adjudicación del ITL a una empresa (y extranjera), cuyo rol se ha planteado como la mera administración eficiente de un fondo contra el pago de una comisión, y en cuyo seno no se encuentran representadas las universidades americanas que se ventila como participantes, parece ignorar los esfuerzos de coordinación y alineamiento detrás de las propuestas de los consorcios nacionales y dar la espalda a 20 años de arduo transitar desde la explotación de recursos naturales hacia la economía del conocimiento.

Después de décadas de trabajo consistente y comprometido con la minería y con el país, con alto alineamiento de todos los jugadores del ecosistema en torno a estos objetivos, cuesta entender la decisión de CORFO. Y duele -más allá del guirigay político- el “portazo” a la minería chilena, como lo caracterizó Diego Hernández. Sólo cabe esperar que las vías de salida de este entuerto sean suficientemente reflexivas sobre lo que encierran estas disputas, para que logremos salir fortalecidos y podamos retomar a la brevedad la construcción y expansión de una minería virtuosa, inclusiva y sustentable.

Mauro Valdés R.